por Lucila De Ponti
El femicidio de Micaela fue especialmente doloroso para nosotros porque compartíamos con ella la construcción de un proyecto colectivo, de una sociedad diferente a la que tenemos. Cada uno de los femicidios, cada una de las mujeres que nos falta a causa de la violencia machista, nos duelen y nos obligan a reafirmar nuestro compromiso de trabajo para construir una sociedad de iguales.
Frente a cada uno de estos casos, que nos conmueven y estremecen, que nos destruyen como sociedad, el gobierno y el discurso construido por los grandes medios, nos ponen trampas. Quieren hacernos parte del discurso engañoso que ofrece como única salida el endurecimiento de penas y castigos, una salida que no nos conforma y que entendemos como tardía, porque llega cuando la violencia ya fue ejercida, cuando el femicidio ya fue consumado, cuando ya contamos con una mujer menos.
El castigo es necesario pero a la vez no previene. Esa salida no nos conforma porque creemos que no ataca el problema desde sus causas, que se encuentran arraigadas en nuestra sociedad y en nuestra cultura, que tienen como expresión más extrema a los femicidios, pero que también se sostienen en las relaciones cotidianas que legitiman una desigualdad de derechos entre varones y mujeres, eso que llamamos patriarcado, que suena como un concepto abstracto pero con el cual nos cruzamos cada día de nuestras vidas, en la casa, en el trabajo, en la calle, en todos lados.
Cuando una mujer denuncia una situación de violencia en una comisaría y la mandan de vuelta a su casa, cuando se naturalizan situaciones de maltrato, cuando se nos impide formar parte de los espacios de poder, cuando se nos ataca especialmente por nuestra condición de mujeres. En cada uno de esos actos vive y se sostiene el machismo.
Por eso hablamos de prevenir, porque creemos que nuestra sociedad debe transitar una profunda transformación, que cuestione los modos arraigados de la vida en sociedad, para así poder construir una sociedad mejor. Por eso discutir una agenda de propuestas legislativas que ponga en el centro la salida preventiva para combatir la violencia machista es ineludible. Y nos obliga en primera instancia a exigir que se ejecuten con mayor jerarquía y mayor asignación de recursos las políticas que efectivamente existen como la ley de protección integral de las mujeres (corporizada en la acción del Consejo Nacional de la Mujer) o la ley de Educación Sexual Integral. Esta claro que este gobierno no quiere disponer de los recursos necesarios para desarrollar estas políticas, por la misma razón no permite que en el Congreso discutamos las propuestas que buscan cuestionar y combatir los cimientos de la violencia contra las mujeres.
Desarrollar un programa nacional de promotoras sobre los derechos de las mujeres, capacitar al conjunto de los agentes y funcionarios del Estado, crear sistemas de cuidados con perspectivas de género, desarrollas dispositivos de inclusión social, sancionar el acosos callejero, y el conjunto de propuestas que queremos discutir implican invertir mucho dinero público, y lo sabemos. Pero los recursos del Estado deben ser usados para resolver los problemas que le interesan y son urgentes para la sociedad, y construir una sociedad sin violencia machista es hoy un problema urgente. Por eso necesitamos políticas de prevención. Y porque es también nuestro compromiso con Micaela, con Araceli, con Quiara, con Candela, con cada una de las mujeres que nos arrebataron, y con todas y todos los que queremos vivir en una sociedad mas justa y mas libre.
(*): Diputada nacional por el Peronismo para la Victoria-Santa Fe. Movimiento Evita.